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La región de América Latina comprende más de veinte millones de kilómetros cuadrados de superficie y tiene una población estimada de 667 millones de habitantes. A pesar de tener solamente el 13% de la tierra, alberga el 40% de la biodiversidad del planeta. Cuenta también con un tercio del agua dulce mundial y más de la cuarta parte de los bosques y tierras cultivables.

América Latina presenta una gran diversidad geográfica y altos niveles de desigualdad económica y social que se plasma en sus sistemas educativos. Existe una gran heterogeneidad de escenarios a lo largo de este extenso territorio, lo cual torna difícil realizar generalizaciones. Sin embargo, la inclusión y el acceso a la educación continúan siendo uno de los principales desafíos en la educación para la región.

Estudios realizados en América Latina y el Caribe por organismos internacionales especializados como la UNESCO señalaron que, en 21 países, las probabilidades de que los alumnos del 20% más rico de la población finalicen el segundo ciclo de secundaria son, en promedio, cinco veces más altas que las de los alumnos 20% más pobre. Asimismo, la identidad, el origen y la capacidad determinan las oportunidades de educación, siendo los indígenas, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad los grupos más afectados. De igual manera, cabe destacar que los mecanismos de discriminación, los estereotipos y la estigmatización afectan de manera similar a todos los estudiantes en riesgo de exclusión e inciden en su aprendizaje.

Julio Durand, Secretario Académico de la Universidad Austral de Argentina, comenta “El panorama de la educación en Argentina, y de modo similar en toda la región, se puede resumir en los contrastes que hacen difíciles las generalizaciones. Conviven realidades prometedoras con serios problemas de inclusión y acceso”. Al ser consultado los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo en la región, reflexiona “Un desafío importante es que las políticas públicas educativas logren continuidad en el tiempo y no sufran marchas y contramarchas como fruto de los cambios de gestión y gobierno. Los resultados en educación requieren periodos muy largos, que exceden la lógica ‘electoralista’ que predomina en nuestro país y otros de la región. Acordar unas líneas u objetivos para reformas educativas necesarias para asegurar una educación de calidad para todos debería ser el primer compromiso de los partidos y candidatos que compitan en las elecciones generales de este año, y que de alguna manera queden ‘protegidos’ de la lógica de promesas incumplibles a las que estamos tristemente acostumbrados”.

Grupos de expertos han reflexionado al respecto y concluido que, en muchos casos, las instituciones de educación superior no sólo no aportan para disminuir la exclusión, sino que la profundizan. Sin embargo, el elitismo no está solo suscripto a la educación privada, sino que en muchos países de la región la educación superior pública es inaccesible. Esto profundiza aún más las inequidades existentes en las sociedades de América Latina.

En las últimas décadas se ha desarrollado un intenso debate sobre los alcances y contenidos del derecho a la educación y las alternativas para su cumplimiento efectivo. La temática ha sido incluida en la agenda de los gobiernos y se ha logrado un avance significativo que se ve reflejado en el hecho de que el 60 % de los países de la región cuenta con una definición de educación inclusiva. Sin embargo, esto se trata simplemente del primer paso en un largo camino hacia la inclusión real, ya que muchas veces estas definiciones no se bajan a la práctica a través de medidas concretas y el sistema continúa excluyendo a los múltiples grupos marginados. Es importante destacar que varios de los ministerios de educación de los países de América Latina y el Caribe han sido muy activos en la formulación y promoción de leyes relativas a grupos individuales, tales como personas con discapacidad, minorías étnicas, pueblos indígenas y género, pero aún es necesario ampliar estas legislaciones y promover políticas efectivas que garanticen el acceso a la educación a largo plazo, para todos.

“Desde la Universidad Austral promovemos la investigación sobre políticas públicas educativas. La Escuela de Educación de la Universidad ha puesto en marcha el Doctorado en Educación con esta orientación prioritaria. Producir evidencia científica sobre el estado de la educación en sus distintos niveles y en las jurisdicciones del país es la base que permitirá acordar acciones de mejora, achicando por ejemplo la distancia que hay en los aprendizajes de los chicos de las provincias más pobres respecto a los distritos más desarrollados”, comparte Julio Durand y comenta sobre el rol preponderante que deben cumplir las Escuelas de Negocio para multiplicar el impacto “Hemos promovido el Doctorado en Educación Superior Universitaria (DESU) conjuntamente con la UAI y la UNRN en el cual se forman directivos y docentes de universidades de toda la región, y pensamos que será un factor de multiplicación del impacto de una educación de calidad que contribuya a transformar la realidad social de tanta desigualdad que caracteriza a Latinoamérica”.

Los países de América Latina han sido los primeros en asignar ayudas sociales para fomentar la educación. De acuerdo con el informe de la UNESCO, desde 1990 los gobiernos han llevado adelante transferencias condicionales de dinero en efectivo que han prolongado la asistencia escolar en hasta un año y medio y más recientemente han desarrollado programas que combinan la educación con otros servicios sociales, en particular en la primera infancia. Estos avances en materia de inclusión no siempre han tenido un correlato en materia de calidad educativa.

Antes de la pandemia de Covid-19 la educación en América Latina se encontraba estancada en bajos niveles de logro en aquellas competencias básicas que constituyen los cimientos para continuar con el aprendizaje. El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), publicado en noviembre de 2021 por la oficina regional de la Unesco para América Latina, revelaba que el 60% de los estudiantes de sexto grado de primaria no alcanzaban el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. La pandemia del Covid-19 ha producido serias afectaciones educativas[1] que profundizaron este escenario.

Por otra parte, en tiempos en que lo digital toma una relevancia y envergadura cada vez mayor, otro gran desafío que enfrenta la región es la necesidad de alfabetización digital. Tanto en el desarrollo de habilidades digitales y de nuevas pedagogías que incorporen a los entornos virtuales como impulsores de aprendizaje, como en el acceso a herramientas informáticas para las instituciones y estudiantes de bajos recursos. Lo primero requiere repensar el modelo tradicional de enseñanza explicativo-aplicativo/verificativo. Esta brecha tecnológica también fue evidenciada de una manera muy cruda por la pandemia, poniendo de relevancia nuevamente las disparidades en términos de recursos, capacidad de adaptación y competencias educativas dependiendo del tipo de institución, nivel socioeconómico de sus alumnos, condiciones habilitantes del país en cuestión, etc.

“El aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida es una tendencia cada vez más extendida en todo el mundo. Es frecuente el retorno de los adultos a las aulas, más aún con las facilidades que ha impulsado la educación on line y su expansión durante los dos años de la pandemia. Para que esa tendencia se consolide y se transforme en bienes sociales equitativamente distribuidos, el Estado debe facilitar y favorecer el desarrollo de una oferta formativa de calidad accesible a toda la población, privilegiando los más necesitados y postergados, y apoyándose en todas las instituciones capacitadas para ejecutar estas acciones, sean de gestión estatal o gestión privada”, complementa Julio Durand. “Se deben promover legislaciones que sean consistentes con estos objetivos: sistemas de becas y ayudas, régimen laboral apropiado para quien decida estudiar, desgravaciones impositivas y promoción de la colaboración entre instituciones científicas, educativas y sector productivo, etc”, agrega.

La educación es un derecho humano fundamental reconocido por múltiples Declaraciones y Convenciones Internacionales a las que han suscripto o adherido gran parte de los países de la región. Asimismo, constituye un pilar fundamental de la democracia. Por lo que la falta de acceso a la educación de calidad no sólo implica la violación de este derecho sino también que pone en riesgo los frágiles sistemas democráticos en América Latina. Garantizar la inclusión y el acceso a la educación debería considerarse un deber de todos. Si bien gran parte del accionar está en manos de los gobiernos que desarrollan políticas educativas y de financiamiento, es necesario promover un involucramiento del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que permitan desarrollar iniciativas para disminuir la exclusión y la segregación en las sociedades latinoamericanas.

“La mirada ética de la educación es clave si se pretende superar los comportamientos oportunistas y cortoplacistas. Globethics.net viene promoviendo esta mirada poniendo acento en la sostenibilidad y la inclusión. La colaboración y el trabajo en red entre las instituciones es un enfoque superador de la lógica de mercado que predomina en la etapa actual de los ‘proveedores globales’ de educación on line. Educar en profundidad implica la apertura a las necesidades de los demás, a las tradiciones humanistas que han expresado la riqueza del espíritu humano en las artes y las ciencias”, concluye Julio.

Eugenia Barroso
Latin America Regional Officer